WASHINGTON (AP) – Estados Unidos pagará los vuelos y ofrecerá otro tipo de ayuda a Panamá para expulsar a los migrantes en virtud de un acuerdo firmado el lunes, mientras el nuevo presidente del país centroamericano ha prometido cerrar el traicionero Paso del Darién utilizado por las personas que viajan hacia el norte, hacia Estados Unidos.
El memorando de entendimiento se firmó durante una visita oficial encabezada por el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas a Panamá con motivo de la toma de posesión el lunes de José Raúl Mulino, nuevo presidente del país.
El acuerdo está “diseñado para reducir conjuntamente el número de migrantes que son cruelmente traficados a través del Darién, generalmente en ruta hacia Estados Unidos”, dijo en un comunicado la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson.
Los esfuerzos para enviar a algunos migrantes de vuelta a sus países de origen “ayudarán a disuadir la migración irregular en la región y en nuestra frontera sur, y a detener el enriquecimiento de las redes de contrabando malignas que se aprovechan de los migrantes vulnerables”, dijo.
“La migración irregular es un reto regional que requiere una respuesta regional”, afirmó Mayorkas en un comunicado.
Poco después de la toma de posesión de Mulino, el gobierno panameño emitió un comunicado en el que afirmaba que Mayorkas había firmado un acuerdo con el ministro de Asuntos Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, por el que el gobierno estadounidense que se comprometía a cubrir el coste de la repatriación de los inmigrantes que entraran ilegalmente en Panamá a través del Darién.
Según el acuerdo, EE.UU. apoyará a Panamá con equipos, transporte y logística para enviar de vuelta a sus países a los inmigrantes que entren ilegalmente en Panamá.
Mulino, ex ministro de Seguridad de 65 años y nuevo presidente del país, ha prometido poner fin a la migración a través de la frontera selvática y en gran medida anárquica.
“No permitiré que Panamá no sea un camino abierto para miles de personas que entran ilegalmente en nuestro país, apoyadas por una organización internacional relacionada con el narcotráfico y la trata de seres humanos”, dijo Mulino durante su discurso de investidura.
Según los términos del acuerdo, los equipos de Seguridad Nacional de EE.UU. sobre el terreno en Panamá ayudarían al gobierno de ese país a capacitar al personal y aumentar su propia experiencia y capacidad para determinar qué migrantes, en virtud de las leyes de inmigración de Panamá, podrían ser expulsados del país, según dos altos funcionarios de la administración.
Hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para dar detalles del acuerdo que aún no se habían hecho públicos.
En el caso de los inmigrantes que deben ser expulsados, Estados Unidos también pagaría vuelos chárter o billetes de avión comerciales para que regresen a sus países de origen. Los funcionarios no especificaron cuánto dinero aportaría Estados Unidos en total para esos vuelos ni de qué países serían expulsados los migrantes.
Los funcionarios dijeron que EE.UU. proporcionaría asistencia y conocimientos sobre cómo llevar a cabo las expulsiones, incluida la ayuda a las autoridades panameñas para seleccionar a los inmigrantes que podrían acogerse a la protección. Pero Estados Unidos no decidirá a quién deportar, dijeron los funcionarios.
El programa estaría totalmente bajo el control de Panamá, en consonancia con las leyes de inmigración del país, y las decisiones serían tomadas por ese gobierno, dijeron los funcionarios estadounidenses. Añadieron que Panamá ya tiene un programa de repatriación pero que es limitado.
El acuerdo se produce en un momento en que el Tapón del Darién de Panamá se ha convertido en una especie de superautopista para los emigrantes de todo el hemisferio sur y más allá que intentan llegar a Estados Unidos. El Tapón del Darién conecta Panamá y Colombia por el sur.
Más de medio millón de personas atravesaron el corredor el año pasado y más de 190.000 lo han hecho en lo que va de 2024, la mayoría de ellos procedentes de Venezuela, Ecuador, Colombia y China.
El acuerdo llega en un momento en el que el Gobierno de Biden se esfuerza por demostrar a los votantes, en un año electoral, que controla la inmigración y la seguridad fronteriza. El ex presidente Donald Trump, que ha hecho de la inmigración un tema clave del año electoral, ha criticado duramente a Biden, diciendo que es responsable de los problemas en la frontera.
A principios de junio, el presidente Joe Biden anunció una nueva medida para cortar el acceso al asilo cuando el número de personas que lleguen a la frontera sur alcance una cifra determinada. Funcionarios de Seguridad Nacional han atribuido a esas restricciones la reducción del 40% del número de personas encontradas por la Patrulla Fronteriza desde que se promulgaron.
La administración también ha tomado medidas para permitir que los cónyuges de ciertos ciudadanos estadounidenses sin estatus legal soliciten la residencia permanente y, en última instancia, la ciudadanía sin tener que salir primero del país. La medida de Biden, demócrata, podría afectar a más de medio millón de inmigrantes.
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